En mayo de 2022 el abogado Jorge Rodríguez Robledo presentó un anteproyecto proponiendo la construcción de un picódromo que cumpliera con los elementos de seguridad necesarios para la reglamentación de pruebas de velocidad con vehículos motorizados. La idea fue adoptada por legisladores opositores y oficialistas, siendo Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Walter Berarducci (Partido por la Justicia Social), dos de los parlamentarios que llegaron a hablar públicamente sobre el proyecto de ley, que se sancionó en noviembre y que fue promulgado en diciembre por el vicegobernador (en ese momento al frente del PE) Osvaldo Jaldo. “Lo que queda es reglamentar la ley. No cualquier persona, empresa o fundación puede hacerse cargo del proyecto. Estamos buscando inversores para un proyecto ambicioso que no sólo incluiría la pista de 500 metros para las picadas (se corren en 200 metros), sino también un óvalo para correr enduro, un kartódromo y otras disciplinas; también queremos que pueda funcionar allí una escuela de conducción”, explicó Rodríguez Robledo en entrevista con LA GACETA.

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“Creo que con un picódromo se desalentará al 90% de quienes concurren a las carreras clandestinas, porque en su mayoría son chicos de entre 18 y 25 años que no tienen en la provincia un lugar donde poder hacer esta actividad. No los justifico; es un delito, pero creo que no miden las consecuencias de que corriendo en las calles están arriesgando sus vidas y las de los demás. Creo que reglamentar es la solución a este flagelo”, señaló el profesional, que remarcó que muchos tucumanos concurren a picódromos de otras provincias por la afición a esta actividad.

Por su parte, el legislador Bussi le dijo a nuestro diario: “creo que la construcción de un picódromo permitirá a los amantes de las picadas disponer de un lugar seguro y legal para desarrollar su actividad; esto debería tender a erradicar las carreras clandestinas. No tendría sentido seguir realizando picadas clandestinas con el riesgo, no solo de la aplicación de fuertes sanciones previstas en la ley, sino incluso de causar una tragedia. Para prevenir esto queremos que cuenten con un espacio habilitado y seguro”.

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Joaquín Girvau, jefe de la Unidad Regional Norte, división que en mayo secuestró 76 vehículos por participar de picadas clandestinas en las calles, se mostró más escéptico de que las carreras ilegales vayan a dejar de producirse cuando se construya y habilite un picódromo. “La práctica, para realizarse en un picódromo, ya se aprobó en Tucumán, pero la ley implica que los corredores deberán cumplir con todas las documentaciones y coberturas legales para competir. No sé si todos los que se congregan en las calles estarán en condiciones de correr, ni hablar de quienes organizan estas carreras clandestinas, porque son personas que se dedican a eso: siempre van a buscar la alternativa ilegal”, argumentó. Y agregó: “solo el 10% de las personas que aprehendimos tenían la tarjeta verde o azul, la cual necesitan para poder recuperar los vehículos que les secuestramos. Ni hablar de que el resto de los papeles muchas veces no los tienen en regla”.

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El lugar donde se construirá el picódromo sigue siendo un misterio. Rodríguez Robledo explicó que primero le propusieron al intendente de la capital, Germán Alfaro, adaptar el ex autódromo para este fin, pero la idea no prosperó porque la Municipalidad ya tenía avanzado un proyecto –que ya se concretó- de que ese lugar sirva como pista de ciclismo. “Nuestro proyecto fue bien visto por la Municipalidad de Famaillá; hay un predio camino a Río Colorado que podría servir para comenzar con las obras, pero todavía es solo una idea. El intendente nos dijo que primero esperaría un informe ambiental para seguir evaluando la propuesta. Si llega a prosperar esa idea tendremos un picódromo en un lugar estratégico: a mitad de camino para los corredores del norte y del sur de la provincia”, analizó el abogado.

“Tucumán dispone de numerosos predios aptos para desarrollar el picódromo. Creo que el lugar debería salir de común acuerdo entre el Estado y, ¿por qué no?, de algún grupo privado interesado en invertir en esta actividad. Creo que la Provincia debe llamar a una mesa de diálogo, como hicimos en su momento en la Legislatura, ya que el éxito de la Ley depende de un esfuerzo compartido entre el Estado y los particulares: tanto los corredores como aquellos que estén dispuestos a invertir en la práctica de este deporte”, concluyó Bussi.